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El artículo analiza el papel que la Iglesia Católica ha desempeñado frente a los migrantes en el escenario religioso de los Estados Unidos. Se muestra cómo la institución religiosa ha asumido un papel relevante no sólo en el plano asistencial, sino sus acciones para incorporarlos a sus nuevos entornos, aceptando rasgos distintivos o particularidades de sus cultos locales; el más sobresaliente, sin duda, es el culto de la Virgen de Guadalupe. Observamos cómo asume una postura social, trabaja en el terreno educativo y toma un rol político en la discusión de la reforma migratoria. Un caso singular que se analiza es el del estado de Utah, estado de migración reciente, tanto interna como externa. La llegada de inmigrantes ha provocado cambios que se aprecian en los vecindarios, con su indisoluble sello étnico, cultural y religioso. El panorama sombrío que se cernía sobre la Iglesia y el catolicismo estadounidense ha sido revertido con la incontenible ola inmigratoria, principalmente de mexicanos, católicos en su mayoría, lo que no sólo ha frenado la caída del catolicismo sino que lo ha relanzado con un nuevo e inusitado impulso.

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El Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular se propone como el eje de la Gobernanza Migratoria Global a partir de su adopción en Marrakech en diciembre de 2018. El gobierno de México fue coordinador junto con el gobierno de Suiza del proceso de la adopción multilateral de este Pacto. Ante la coyuntura migratoria que se presenta en México a partir de las caravanas migrantes centroamericanas desde octubre de 2018 que justo coinciden con el proceso de adopción internacional del Pacto, el gobierno mexicano ha intentado formular el abordaje de su crisis humanitaria migrante desde la aplicación de su legislación migratoria manteniendo una discursiva de cumplimiento con el Pacto. En ese artículo se analiza críticamente la implementación de la política migratoria mexicana, en particular las contradicciones que presenta la intervención de la Guardia Nacional en operativos de control migratorio que evidencian la prevalencia de un enfoque de seguridad nacional en contraposición a un enfoque de seguridad humana que tenga como eje los derechos humanos de las personas migrantes y sea compatible con el Pacto.

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