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En los últimos años, desde diferentes ámbitos institucionales y, de forma especial, en el seno de la Unión Europea (UE) se han realizado pronunciamientos recurrentes en relación con la necesidad de reconocer a la Economía Social (ES) como una realidad diferencial a la empresa, que prioriza una serie de resultados al margen de los económicos y financieros. Paralelamente, el reciente compromiso contraído por las Naciones Unidas (NU) en relación con la Agenda 2030, materializado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha atraído el foco de atención sobre este ámbito, por la alineación de los principios y valores que rigen las entidades de ES y dichos objetivos, y el consiguiente papel que éstas pueden tener en la consecución de los retos fijados. En línea con estos planteamientos, la Comunidad Autónoma de Galicia ha sido la primera en contar con legislación propia en materia de ES, la Ley de Economía Social de Galicia (LESG) aprobada en 2016. Esta normativa hace hincapié en dos aspectos: la adscripción al territorio y el fomento del empleo. Precisamente lo anterior tiene una gran influencia sobre dos objetivos comunes a la ES y los ODS: el reparto equilibrado de la riqueza y el fomento del empleo de calidad. Igualmente, permite avanzar soluciones para alguno de los problemas más acuciantes del complejo contexto sociodemográfico gallego actual. En este trabajo se estudia el caso gallego como ejemplo de buenas prácticas para el fomento y consolidación del tejido de ES, que permite afrontar retos de diferente naturaleza a partir de la combinación de la actividad económica y la sostenibilidad.

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