El artículo ofrece una visión de la evolución y consolidación del derecho ambiental en México, en perspectiva con el derecho internacional. Por un lado, muestra como en unos pocos años, la regulación constitucional mexicana se ha engrosado y ha alcanzado los estándares de otros países latinoamericanos. Por otro lado, revisa los rasgos de las resoluciones de tribunales nacionales e internacionales que evidencian lo que algunos autores llaman un “enverdecimiento” de las cortes. Es decir, un conjunto de apreciaciones jurisdiccionales que resultan muy favorables para la protección del medio ambiente, así como para la protección del derecho humano a un medio ambiente sano. En esta tendencia, el artículo reflexiona sobre la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y de la sociedad en su conjunto e identifica –como parte de los desafíos de evolución de las tendencias jurisdiccionales-  la ampliación de la perspectiva de vulnerabilidad, y la concepción de un interés universal.

El artículo analiza la justicia ambiental urbana como un nuevo y esperanzador paradigma en México; aun cuando no se reconoce expresamente en nuestro país, existen principios y previsiones en la Constitución Política, en los tratados internacionales, en diversas leyes nacionales y en resoluciones jurisdiccionales que lo sustentan. Con este marco, el artículo construye un análisis crítico sobre las fortalezas y debilidades actuales de la justicia ambiental urbana. El ejercicio de identificar luces y sombras permite el posicionamiento del tema, así como visualizar las tendencias deseables pre y post, es decir, la planeación y la reivindicación.

This article proposes a new paradigm for the design and effective implementation of environmental law in Mexico. After briefly reviewing the current status of environmental law, as well as the academic boundaries, the article puts forward a new three-sided paradigm. First, rights and collective actions must be recognized constitutionally as fundamental principles that truly validate a far-reaching legitimacy that transcends personal interests and thus validates collective access to legal environmental protection. Second, a legal procedural framework —procedural network— must be outlined to enforce any related legal action. Third, a series of correlative public policies is needed to promote effective administrative collaboration and to allocate financial resources. The balanced co-existence of the three sides of our paradigm is the key for the successful implementation of an effective environmental law in Mexico and presents a public challenge within the Mexican arena of our times.

El presente artículo identifica la responsabilidad ambiental de las Universidades particularmente en entornos latinoamericanos, donde los problemas ambientales se están multiplicando. En esta realidad, lamentablemente la conciencia y participación ambiental de los ciudadanos aún es incipiente y la acción pública de los gobiernos es insuficiente. Los problemas avanzan mucho más rápido que las soluciones y se sigue generando un grave daño ambiental. En este contexto, las Universidades tienen mucho que aportar. Respondiendo a su deber social, ético y ambiental; con la riqueza de su potencial humano y multidisciplinario, están llamadas a ser un actor fundamental en la protección ambiental.

Después de 30 años, el pretendido fortalecimiento municipal sigue siendo más un tema de discurso político que un conjunto de políticas públicas que efectivamente hayan impactado al orden primario de gobierno. El panorama municipalista en 2013 —justo al inicio de un nuevo sexenio presidencial e inmerso en un mundo globalizado— marca la necesidad de plantear nuevos caminos, nuevas propuestas para el fortalecimiento municipal. Así, el presente artículo identifica una serie de temas municipales que requieren atención prioritaria por tratarse de acciones locales de impacto global. Plantea la necesidad de estructurar políticas públicas con un paradigma de columna vertebral que nos permita unir los postulados, apoyos y visiones globales —internacionales— con acciones concretas a nivel municipal. Para ello se requiere conformar una estrategia de país que brinde mayor impulso a los municipios.