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La libre circulación de inversiones es uno de los mantras que ha caracterizado la modernidad económica. El principio, sin embargo, se encuentra sometido a creciente prevención, en el marco de una visión crítica hacia la globalización en un mundo en pleno reajuste geoestratégico. Una de las manifestaciones de esta tendencia reciente de empoderamiento del Estado se refleja en la articulación de mecanismos de control de las inversiones foráneas que le permitan evitar que sectores claves de la economía nacional caigan en manos de inversores extranjeros, en muchas ocasiones, controlados por Estados competidores. A diferencia de lo que ocurre con los países de nuestro entorno, España había sido inmune hasta el momento a esta tendencia, pero todo ha cambiado con la crisis del COVID-19.