IntroducciónEl análisis de la evolución de la regulación medioambiental en España debería remontarse al inicio de la década de los sesenta, momento en el que surgen los primeros vestigios relativos a normativa medioambiental \ No obstante, es en los comienzos de los años setenta cuando las repercusiones políticas y económicas de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente comienzan a manifestarse de forma notable en nuestro país. Así, en 1972, año en el que se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se creó en España la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA) para coordinar las actuaciones públicas en materia medioambiental. En 1986, la adhesión española a lo que hoy en día constituye la Unión Europea señaló la consolidación de las políticas públicas, a través de los sucesivos Programas de Acción en Materia de Medio Ambiente. Así, se han venido estableciendo exigencias medioambientales que condicionan la actividad de los principales agentes implicados: las empresas, las administraciones y los ciudadanos.Aunque tradicionalmente la gestión de las exigencias medioambientales se ha situado en el ámbito público, la dimensión del problema ha determinado una nueva formulación de la protección medioambiental en favor de una mayor coordinación entre agentes públicos y privados. Es así como las empresas deben enfrentarse a nuevas restricciones medioambientales que son canalizadas fundamentalmente a través del proceso GAPP n.° 17-18. Enero-Agosto 2000 político-legal desarrollado por las autoridades competentes y a través de las exigencias del mercado. Como resultado de estas restricciones y de la presión ejercida por los medios de comunicación, las empresas modifican sus procesos productivos, replantean el diseño y componentes de sus productos, orientan a los ciudadanos hacia el adecuado uso y desecho de los mismos y fomentan el reciclado y la reutilización de los subproductos y residuos.Las administraciones, por su parte, deben crear un marco industrial, social, económico y regulador para que, tanto las empresas como los ciudadanos, dispongan de la información y de los medios pertinentes para prevenir y tratar los problemas medioambientales. En lo que se refiere a la infraestructura industrial, las administraciones no sólo deben proporcionar unos adecuados servicios de recogida y depósito de residuos y subproductos, sino que están obligadas a promover también una oferta medioambiental tecnológica (maquinaria y equipos limpios) y de servicios (consultoras, asesorías, seguros...). Desde el punto de vista social, deben promover la cultura y la concienciación de los ciudadanos y las empresas, a través de adecuadas campañas de información y educación medioambiental. En lo referente a la infraestructura económica, las administraciones están llamadas a establecer políticas económicas ecológicamente sostenibles, y que proporcionen señales adecuadas para dirigir a las empresas a la sostenibilidad, tales como la concesión de subvenciones o de ventajas fiscales a aquellas que in...
