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Desde mediados de la década del ochenta, cuando se inició el proceso de descentralización en Colombia, las relaciones entre las diferentes entidades territoriales y el Gobierno central se han caracterizado por permanentes tensiones en las que no han estado ausentes las reivindicaciones por mayor autonomía y discrecionalidad en la capacidad de gasto financiado con las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y del Sistema General de Regalías (SGR). Es indudable que el reparto de competencias y la asignación de recursos adicionales a los Gobiernos subnacionales han contribuido al crecimiento económico y al desarrollo social de municipios y departamentos; sin embargo, persisten las disparidades interregionales y la inequidad horizontal en el acceso a los bienes públicos. A pesar de que los giros de la nación han aumentado, el esfuerzo fiscal de los Gobiernos territoriales no ha sido menor, lo que ha acrecentado los recursos propios y su eficiencia concomitante, en búsqueda de apuntalar el desarrollo local y regional. El acaecimiento de un fenómeno inesperado, como ha sido la pandemia desatada por la COVID-19 en marzo del año pasado, hizo que estallara no solo una crisis sanitaria, sino también una crisis económica y social, lo que supuso la adopción de estrategias para evitar su propagación y facilitar su contención y mitigación, situación que afectó las finanzas territoriales, pues se registró una caída de los recaudos tributarios y una presión sobre el gasto social que acentuó las recurrentes afugias presupuestales del país. La pospandemia encontrará las arcas vacías y enormes compromisos para revertir el deterioro de los indicadores sociales de municipios y departamentos del país