En Honduras, como a nivel de América Latina, el tema del mercado laboral es abordado en forma empírica y carente de objetividad científica. En consecuencia, esta investigación se centra en dar respuesta a esta situación con el fin de analizar los efectos de los ajustes al salario mínimo en la población ocupada económicamente activa del mercado laboral, así como determinar la relación de los ajustes al salario mínimo en la población ocupada del mercado laboral durante el período 2007-2011, estimar la incidencia del salario mínimo en el subempleo visible e invisible de la población económicamente activa del mercado laboral y establecer los niveles de incidencia de dichos ajustes en la población asalariada (público, privado y doméstico).En este sentido, la investigación se desarrolló basándose en los datos de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), bajo el uso de modelos de regresión lineal simple, análisis descriptivo y el respaldo de entrevistas a expertos en el tema. Como parte de los resultados encontramos que por cada lempira de aumento al salario mínimo promedio mensual se generan 145 nuevos ocupados, de los cuales 64 pertenecen a cuenta propia, 42 a trabajadores familiares no remunerados y 39 a asalariados públicos, privados y doméstico; considerando que la agricultura, silvicultura, caza y pesca es la actividad económica que mayor número de ocupados genera respecto a su totalidad.Revista Portal de la Ciencia, No. 7, diciembre 2014; 107-130

RESUMENLa figura de hogar seguro fue modificada por legislación aprobada en el año 2011. Por más de un siglo, el hogar seguro ha intentado proteger la residencia principal de un individuo o grupo familiar al (1) establecer un valor máximo de la residencia protegido contra embargos y (2) proveer el derecho de poseer y disfrutar una residencia de forma exclusiva por tiempo determinado en casos de divorcio, separación o muerte. La nueva legislación elimina el valor máximo protegido contra embargos y establece que la residencia estará libre de ejecución. Sin embargo, el estatuto indica que el sector hipotecario, el gobierno y contratistas bajo ciertas circunstancias podrán ejecutar la residencia para el cobro de una deuda. Por consiguiente, el nuevo estado de derecho al intentar proteger a ciertos dueños de residencias y acreedores logra simultáneamente desplazar a un segundo plano a otras personas con intereses económicos sobre una residencia.