En el desarrollo del conflicto armado colombiano, se han generado innumerables dinámicas de economías ilícitas; no obstante, este aspecto tiene como relevancia especial el incremento de las actividades que se han presentado sobre la extracción ilícita de yacimientos mineros. Lo anterior ha facilitado, por causa de diversos factores como, la mutación y la capacidad de adaptación de las organizaciones delincuenciales, el afianzamiento de las condiciones para su crecimiento y la ausencia del control institucional o su débil presencia en las regiones del territorio. Ocasionando de esta manera, el incremento de espacios vacíos de autoridad y esto a su vez, favorece la marginalidad social, política y económica que se refleja en la falta de satisfacción de las necesidades básicas, siendo este un escenario de gran provecho para las estructuras delictivas. En contraste, y junto al impacto ambiental e irreversible que la extracción ilícita de yacimientos mineros ocasiona en el agua, la biodiversidad y el medioambiente (contemplados como activos estratégicos de la nación por la “Política de Defensa y Seguridad” 2019-2022), se debe buscar la forma más efectiva de contrarrestar esta práctica destructiva, para así defender y proteger de acuerdo con el mandato constitucional los recursos vitales para la supervivencia de la nación y que adicionalmente hacen parte de los intereses nacionales y prevalentes; por lo que son prioridad para la seguridad nacional. Precisamente, lo anterior permite la generación de mecanismos que facilitan la articulación del esfuerzo de la acción unificada del Estado, como herramienta principal para lograr la disrupción de este delito, que afecta de manera significativa los ecosistemas, las comunidades y la economía en el territorio nacional. De ahí, la importancia que representa fortalecer la estrategia actual contra esta actividad ilícita, empleando toda la capacidad institucional en lo social, jurídico, ambiental, económico y militar, con el propósito de establecer dinámicas determinantes dentro del proceso de transformación de criminalidad y legalidad, y, asimismo, alcanzar mejores prácticas en las etapas de exploración, desarrollo de la actividad minera y explotación económica, que desencadenan los fenómenos de afectación institucional y que no permiten cumplir con las expectativas de la población en lo concerniente a las oportunidades de desarrollo sostenible con equidad.
