La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, aprobada en 1985, constituye el núcleo doctrinal de la protección y conservación del Patrimonio Arquitectónico a nivel internacional. España ratifica la Convención en el año 1989, tras la aprobación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español con la que se adapta al marco jurídico internacional. En el contexto del estado autonómico, desde los años 90 todas las Comunidades Autónomas han aprobado gradualmente sus propias leyes de Patrimonio Cultural. El presente estudio analiza la ley estatal y las recién aprobadas leyes autonómicas del País Vasco y Canarias, centrado en dos aspectos en los que la Convención marca unas directrices: la definición de Patrimonio Arquitectónico y la identificación de los bienes objeto de protección.

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