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El Grupo de Investigación Zoon Politikon, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué y cuya tarea se ha centrado en el estudio del derecho penal económico, se dedicó por un buen período a analizar los aportes de la Carta de 1991 en los temas económicos, advirtiendo que, sin lugar a dudas, fue uno de los aspectos en los que los constituyentes centraron su responsabilidad. La Constitución de 1991 logra, en materia económica, deslindar con claridad meridiana, la responsabilidad del Legislativo y el Ejecutivo en la vigilancia, inspección y control del sistema financiero, bursátil y asegurador (artículos 150 y 189, C. P.). Los temas comentados tienen gran influencia en el estudio del derecho penal económico, en razón a que el título X del Estatuto de penas, justamente se concreta en los comportamientos que lesionan o ponen en peligro el orden económico social, el cual se funda, sin lugar a dudas, en la intervención del Estado en la economía. La feliz innovación comentada, llevó a los investigadores vinculados con Zoon Politikon a adelantar el proyecto de investigación titulado: “La relación entre la Constitución Política y el Derecho Penal Económico: Especial referencia a la protección del bien jurídico orden económico social” (código 21-004 SINT), cuyos resultados se evidencian en el texto que ahora entregamos con afecto a la comunidad académica.