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El elevado número de menores de edad reclutados por los grupos armados ilegales en Colombia hace necesario que para la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, se diseñen políticas públicas efectivas que los protejan de manera prevalente como lo ordena la Constitución Política, ya que lo que se puede concluir de la investigación documental realizada en esta investigación, en la que se<br />tomó como periodo de estudio los años 2005 al 2013, por ser el periodo del actual Código de Procedimiento Penal del que existe información sobre la persecución al delito de reclutamiento ilícito; es que las acciones estatales referentes al tema no han sido lo suficientemente efectivas para separar a los menores de edad de los grupos armados ilegales que operan en Colombia. Así como tampoco se han reflejado en un trato adecuado al menor infractor, dando como resultado la creciente utilización de los menores en acciones criminales, tendencia que se ha visto disminuida enlos últimos años debido a la iniciación del actual proceso de paz que se está dando entre el gobierno nacional y el principal grupo guerrillero que opera en el país

Rubio (2015) 1 Artículo producto del proyecto de investigación Impunidad en el proceso penal colombiano. Este artículo se gestó en la ONG Fundación Puniendi -Corporación Universitaria Republicana. VIeI ResumenEsta investigación muestra cómo la necesidad de disminuir los índices delincuenciales en el país ha venido justificando de manera soterrada la "relativización de los derechos humanos". Para esto, se parte de la hipótesis de que el hacinamiento carcelario obedece a la adopción de medidas penales que buscan impresionar a la sociedad, pero que carecen de sustento científico, por lo cual su aplicación ha venido perdiendo efectividad como factor de control social. Con base en esto, se demuestra la importancia de diseñar políticas públicas integrales que disminuyan los niveles de criminalidad y la urgencia de realizar programas que aseguren el respeto de los Derechos Humanos de la población carcelaria.Palabras clave: derecho penal, población carcelaria, política criminal, estado de cosas inconstitucionales (ECI), Fiscalía General de la Nación. AbstRActThis research focuses on showing how the need to reduce crime rates in the country has been justifying the "relativization of human rights", based on the hypothesis that prison overcrowding is due to the adoption of criminal measures that have As a basis to impress society but lack the sufficient scientific support for its application has been losing effectiveness. With the aim of demonstrating the importance of designing comprehensive public policies that reduce levels of crime and the urgent need to carry out programs that ensure respect for the human rights of the prison population.

Este artículo es un avance de una investigación sobre la situación de las víctimas del conflicto armado en el posconflicto luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en la que se propone la firma de un convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como mecanismos para agilizar la capacidad de respuesta de esta corporación. Este convenio apuntaría a que los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho colombianas se puedan vincular al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa Gratuita (SAAD), como mecanismo para lograr una atención acertada a las víctimas del conflicto armado de escasos recursos, entendiendo que la consolidación de lo propuesto en el tratado firmado por las partes exige que las personas de escasos recursos víctimas del conflicto armado tengan un trato prevalente que les asegure una atención integral, si se desea alcanzar la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Para ello, se parte de la hipótesis de que la atención de los consultorios jurídicos a las víctimas del conflicto armado de escasos recursos mejoraría la implementación del SAAD reglamentado en el Decreto 1166 del 11 de julio de 2018.

Este trabajo corresponde al estudio desarrollado en la quinta fase del Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares (SISPED) que consistió en una evaluación general de las principales acciones de la política propuesta en el PSE “Hacia una Ciudad Educadora” 2016-2020 para establecer líneas de continuidad y/o divergencia para los proyectos del nuevo plan, con base en entrevistas y grupos focales con personas (funcionarias, contratistas, directivas docentes, docentes y directivas locales), o bien conocedoras del diseño y/o la ejecución de las acciones, o bien observadoras críticas de tales acciones.