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Con base en las facultades que les reconoce la Ley 1454 de 2011 a los departamentos, con el apoyo del Gobierno nacional, estas entidades territoriales se preparan para la expedición de planes departamentales de ordenamiento territorial. Con ello se agrega una pieza fundamental a nuestro esquema de ordenación del territorio, hasta hoy construido a partir de una visión esencialmente municipal. No obstante, pese a la importancia de este paso (por los beneficios que comporta), la total ausencia de un régimen legal que enmarque y oriente el ejercicio de esta competencia origina riesgos notables para la legalidad de las actuaciones que se desarrollan, así como para la autonomía local y la participación ciudadana en la toma de estas decisiones. El artículo explora estos asuntos.

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