Purpose This study aims to show a case study of ecosystem-based adaptation (EbA) measures to increase coastal system’s resilience to extreme weather events and sea-level rise (SLR) implemented at Kiyú (Uruguayan coast of the Rio de la Plata river estuary). Design/methodology/approach A participatory process involving the community and institutional stakeholders was carried out to select and prioritise adaptation measures to reduce the erosion of sandy beaches, dunes and bluffs due to extreme wind storm surge and rainfall, SLR and mismanagement practices. The recovery of coastal ecosystems was implemented through soft measures (green infrastructure) such as revegetation with native species, dune regeneration, sustainable drainage systems and the reduction of use pressures. Findings Main achievements of this case study include capacity building of municipal staff and stakeholders, knowledge exchanges with national-level decision makers and scientists and the incorporation of EbA approaches by subnational-level coastal governments. To consolidate EbA, the local government introduced innovations in the coastal management institutional structure. Originality/value The outcomes of the article include, besides the increase in the resilience of social-ecological systems, the strengthening of socio-institutional behaviour, structure and sustainability. This experience provides insights for developing a strategy for both Integrated Coastal Management and climate adaptation at the national scale.

No abstract

En este artículo se presenta, en base al análisis de los componentes del Decálogo de Barragán, los avances detectados de la última década y los principales desafíos que enfrenta el manejo costero integrado (MCI) en Uruguay. Tanto en Uruguay como en la región se han intensificado actividades con alta capacidad de impacto en zona costera (e.g. litoralización) lo que sumado a las tendencias regionales de la variabilidad y el Cambio Climático exige implementar acciones para modificar el uso dominante del espacio costero. En el período indicado se han mejorado las capacidades del país para abordar el manejo costero, tanto a nivel normativo como de políticas públicas, así como de integración de los niveles implicados, de articulación entre las instituciones competente y un mayor involucramiento de los actores sociales. Se aprobó una Directriz costera y se creó un Departamento de Gestión Costera y Marina en el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la vez que se incorporaron conceptos clave como el de componentes vulnerables. También se avanzó en el conocimiento científico, particularmente de índole interdisciplinaria, y se consolidó la formación terciaria con base conceptual en el MCI, así como en las instancias de capacitación a actores de la sociedad civil y de la gestión. Se evidencia una mayor concientización de la población en relación a estos temas y se han multiplicado las acciones de participación de la sociedad civil, si bien se requiere aún un importante esfuerzo para avanzar hacia un equilibrio entre desarrollo y conservación que cuente con la participación sustancial de los actores. A la vez, se constatan desafíos mayores como dar continuidad a las diversas iniciativas, y superar algunas incertidumbres propias de la Directriz sancionada. Un aspecto central sigue siendo la financiación adecuada de los programas y proyectos ya aprobados, y la mejora y ampliación de la capacitación de los actores. Finalmente, siguen siendo puntos débiles la puesta en práctica y diseminación de experiencias de MCI exitosas, principalmente de carácter local, así como lograr una mayor participación social en la toma de decisión.