Desde fines de 1980 hasta la actualidad, la implementación de políticas sociales focalizadas en controlar y mitigar la pobreza de los sectores campesinos más vulnerables de América Latina, especialmente a través del desarrollo de emprendimientos extractivistas en sus territorios, no ha conseguido los resultados esperados por los gobiernos centrales, más bien, esto ha suscitado el descontento de estos actores. En consecuencia, esto ha contribuido a la formación y aparición de nuevos movimientos sociales en la escena pública que se han movilizado en contra de este tipo de emprendimientos. De manera paralela a estos conflictos, desde el mundo académico, y en especial desde la Ecología Política, se han planteado teorías que han generado propuestas para abordar este tipo de conflictos.

Las protestas campesinas en contra de la megaminería han desplegado una variedad de estrategias, entre ellas discursos ambientales para proteger sus espacios y modos de vida. El objetivo de este artículo fue determinar si los campesinos que emplean este tipo de discursos poseen racionalidad ambiental; para ello, se realizó una investigación de campo, donde a partir de entrevistas semiestructuradas, se analizaron los discursos de los actores movilizados en contra del proyecto de gran escala Loma Larga, en la provincia del Azuay.