El accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Distrito de Barranquilla, si bien estuvo motivado principalmente por el control del narcotráfico y las actividades propias del crimen organizado, también llegó a permear las instituciones públicas y a cooptar agentes estatales. El presente artículo analiza esas dinámicas de reconfiguración cooptada del Estado con el fin de comprender de qué manera el clientelismo armado afectó la institucionalidad política de la ciudad y logró extraer rentas de la administración local con el objeto de financiar la actividad criminal de las AUC. Se encontró que el Frente José Pablo Díaz fungió como intermediario en una gran parte de las relaciones político-electorales y que se presentó una relación complementaria entre este y sectores políticos de la ciudad: el grupo armado financiaba campañas electorales a cambio de que, en caso de que ganara su candidato, se le retribuyera con contratos, concesiones, apoyos a iniciativas que les beneficiara y la posibilidad de ejecutar acciones criminales en la ciudad sin que hubiera mayor oposición por parte del Estado.

No abstract

No abstract

No abstract