El objetivo general del presente estudio es caracterizar los procesos de irrupción, progresión y desenlace que evidencian los episodios de conflictividad social ocurridos en Chile, entre los años 2015 y 2020. Como unidades de observación se consideran la coyuntura de huelga minera en que fue asesinado Nelson Quichillao (2016); el mayo chilote (2016); el estallido social (2019); y la rebelión del hambre de la comuna de El Bosque (2020). Se emplea al análisis del contenido de fuentes secundarias, correspondientes estas a literatura académica y recortes de prensa local. La observación integrada de los casos indica como principal resultado la persistencia de una baja capacidad sistémica del entramado institucional chileno a la hora de anticipar y reaccionar ante la sucesión de momentos de conflicto social. Ello se expresa en la implementación reiterada de una estrategia de gestión de la crisis basada en la militarización (vía promulgación del Estado de excepción), criminalización mediático-jurídica de la protesta social y otorgación de concesiones mínimas (y/o parciales) a los sectores movilizados. Como discusión, se plantea que tal estrategia, implementada durante las segundas administraciones respectivas de Michelle Bachelet (2014-2018) y Sebastián Piñera (2018-2022) permiten codificar el surgimiento y fortalecimiento de nuevos referentes políticos, pero que hoy evidencian ser portadores de una serie de tendencias críticas para la estabilidad democrática de la formación social chilena.
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