España es un país donde se ha dado una larga tradición de evaluación de la transparencia pública. Desde 2008 Transparencia Internacional España ha venido realizando evaluaciones de la transparencia para conjuntos institucionales como las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos, a las que se han sumado otras muchas con mayor o menor difusión e impacto, como Acreditra, el Mapa Infoparticip@, Dyntra, etc. La última propuesta metodológica en sumarse a este listado ha sido la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia en la Actividad Pública (MESTA), desarrollada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este sistema de evaluación presentado en 2016 tiene hasta la fecha una tímida aplicación práctica con tan solo cuatro ediciones publicadas por los diferentes organismos de control de la transparencia. Sin embargo, puede convertirse en el sistema de referencia, ya que otros sistemas precedentes parecen estar en desuso. Por ello, merece la pena volver la mirada hacia el mismo, su configuración metodológica y su aplicación práctica, sobre todo, las eventualidades y dificultades que ha atravesado la misma, con el fin de desarrollar propuestas de mejora y perfeccionamiento.

La calidad del gobierno (CG) está asociada al nivel de corrupción y bienestar de una sociedad según numerosos estudios, pero es un concepto sin un referente claro e indiscutido. Para algunos, debe considerar solo los outputs del gobierno, para otros, debe considerar también los inputs, o cómo se toman decisiones. Para contribuir a su clarificación, proponemos un novedoso modelo de análisis que incorpora inputs y outputs, instituciones formales e informales, y cuyo fin es poder operativizar un concepto tan abstracto y debatido, aplicándolo empíricamente al estudio de dos regiones españolas, Euskadi y Andalucía, que, en principio, presentan valores muy diferentes de CG medido por outputs. Nuestros resultados no encuentran las diferencias que cabría esperar entre unas regiones con puntuaciones tan distintas en su CG/output. Una explicación para ello se encuentra en el peso excesivo que se da en estos índices a la percepción de la calidad de los servicios públicos, un componente notablemente influido por el nivel de gasto público de cada sociedad. Concluimos que los índices sobre calidad de gobierno han de ponderar adecuadamente las diferencias en los niveles de riqueza de las sociedades que se comparan y considerar también los inputs existentes.

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