El presente trabajo es producto del proyecto de investigación “Eficacia procesal en el enjuiciamiento criminal a las personas jurídicas en el Ecuador”; tiene por objetivo el análisis de aspectos teóricos, legales y empíricos de la problemática que representa para las personas jurídicas la regulación procesal de las medidas cautelares y la imposición de éstas cuando aquéllas son parte pasiva del proceso penal. La investigación de carácter exploratorio y con enfoque cuanti-cualitativo, contó con los métodos de revisión documental, exegético, analítico-sintético, estadístico y triangulación teórica; así como de la técnica de entrevista. Entre los principales hallazgos se destacan la existencia de limitaciones y fisuras en la socialización e introducción del sistema de RPPJ, así como los efectos de medidas cautelares para las corporaciones cuando se encuentran la calidad de sujetos pasivos del proceso penal. Por otra parte, el COIP no cuenta con normativas que permitan encontrar criterios específicos de aplicación de estas medidas; no obstante, son aplicables a las personas naturales y jurídicas en la medida que les son compatibles. Los resultados contribuyen de forma crítica y objetiva al debate y al planteamiento de estrategias para el abordaje de lege lata de estos conocimientos en el quehacer jurídico-social.
Durante el año 2020, producto de la pandemia del COVID-19 y la crisis que atraviesa nuestro país, se han producido un sinnúmero de desvinculaciones laborales en nuestro Cantón Machala, siendo fundamental analizar si la acción de protección es el medio idóneo para garantizar los derechos de los servidores públicos que han sido desvinculados de sus puestos laborales. La acción de protección es una atrayente y peculiar herramienta constitucional y legal del ordenamiento jurídico ecuatoriano; por tanto, el presente trabajo está orientado al estudio de esta acción, con la finalidad de fundamentar su naturaleza y determinar si ésta es un mecanismo viable para la protección de los derechos de los servidores públicos que han sido desvinculados de sus puestos laborales.
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