Este artículo analiza la forma en que se entrelazan múltiples escenarios transicionales y conflictos de diversa índole en la cotidianidad de los habitantes del Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó, Chocó. Estos escenarios son producto de dispositivos de justicia transicional que operan en el territorio colectivo los cuales operan en medio del recrudecimiento del conflicto armado como efecto colateral del escenario de transición del Acuerdo de Paz de La Habana. Se parte de la hipótesis de que la vivencia de tal proceso está marcada por la tensión entre una serie de discursos y procedimientos técnicos del sistema-Estado y expresiones o mecanismos del derecho propio y autogobierno, los cuales se ubican al margen del derecho hegemónico. Al tomar elementos analíticos de la sociología jurídica y la antropología del Estado, se logró hallar que los dispositivos de justicia transicional, al ensamblarse localmente, sufren un dislocamiento y los(as) líderes(as) viven procesos de subjetivación política étnica que generan un pluralismo jurídico transicional.

La Constitución Política de 1991 incorporó mecanismos de justicia comunitaria para fomentar el acceso efectivo a la justicia de poblaciones marginadas y excluidas, debido a las múltiples vicisitudes del sistema de administración de justicia. El contexto actual de transición política y construcción de paz del Estado colombiano presenta un escenario de emergencia para la justicia comunitaria, lo cual implica realizar una lectura de esta como un mecanismo híbrido capaz de contribuir al acceso a la justicia y de servir como herramienta clave en la edificación de la paz y como catalizadora del posconflicto. Especialmente en zonas de caos, donde se encuentran vacíos de poder dejados por la desmovilización de las FARC-EP, existe un cúmulo de necesidades jurídicas insatisfechas y proliferan los conflictos y la violencia. Allí, la justicia comunitaria cuenta con la virtud de instaurar una cultura de paz y de derechos humanos por medio de una solución creativa, no violenta, y de un enfoque positivo y transformador de los conflictos. Asimismo, desde la articulación de esta institución a las agendas políticas de implementación de los puntos del Acuerdo de Paz, como por ejemplo la Reforma Rural Integral (RRI) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Uso de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), desde donde es posible apalancar procesos locales de implementación que permitan su anclaje y sostenibilidad en los territorios.