En este trabajo se problematiza el concepto de accesibilidad al derecho a la salud a partir de entender que las políticas sociales son el resultado de una construcción social compleja, que componen una red heterogénea de elementos discursivos y no discursivos que involucran relaciones de poder-saber y líneas de enunciación, de visibilización, de objetivación y de subjetivación. Se reflexiona acerca de la importancia de focalizar en los modos de producción de subjetividad y se interrogan los dispositivos que implementan los efectores de políticas públicas, de organización comunitaria, de transversalidad y de autonomía que ellos producen. Esto tiene consecuencias ético-políticas en las acciones metodológicas de investigación acción. Esta última debe asumir un carácter local, situado y participativo. Cobra importancia el trabajo de intervención, el análisis de los imaginarios sociales y la capacidad de los dispositivos de promover agenciamientos de resistencia a las lógicas neoliberales.

El objetivo central que dio origen a la presente tesis fue caracterizar los dispositivos de intervención que diseñaron e implementaron los/as psicólogos/as en los establecimientos del Organismo de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, entre los años 2000-2015, para visibilizar algunos de los elementos que los determinan, entre ellos, el impacto que producen las diferentes normativas. La derogación del Decreto Ley 10.067/83 del Patronato de Menores de la última Dictadura cívico militar y la sanción de la leyes 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños (2005) y 13.634 del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño y sus respectivos Decretos Reglamentarios, impulsó el movimiento de investigación. La relevancia histórica y política de la sanción de tales leyes se centra en que fundan, en lo normativo, nuevas políticas públicas frente a la anterior judicialización de la pobreza. En tal sentido, constituyen una herramienta fundamental para el diseño de políticas en clave de derechos, aunque por sí solas no garantizan su materialización, sino que requieren de un movimiento de fuerzas instituyentes en los diversos organismos y establecimientos de protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil componen, a través de los dispositivos que implementan, las tramas del funcionamiento institucional y, por ello, son agentes que materializan políticas públicas. En este sentido, no hay neutralidad que mueva las estrategias que orientan sus dispositivos, sino que estos se constituyen en focos locales de ejercicio de poder. Situamos allí un punto de cruce entre políticas públicas para un sector de la población de niños/as y adolescentes, materializadas en dispositivos institucionales concretos, y dispositivos de intervención diseñados e implementados por profesionales psicólogos/as.