El gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC—EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo), después de más medio siglo de conflicto en el país, llegaron a un acuerdo de paz en 2016. El Acuerdo de Paz de La Habana, desde una perspectiva de paz positiva, trae más que un posible fin a la violencia a Colombia: aborda los desafíos a la protección social profundamente arraigados legados por el conflicto, además de una refundación del Estado colombiano. Hay una laguna teórica y empírica, todavía, sobre ¿por qué y cómo pueden los mecanismos de justicia transicional colaborar con la promoción de medidas de protección social y abordar sus desafíos en ambientes de construcción de paz? En este artículo argumentamos que la justicia de transición impulsada por el Acuerdo es una herramienta fundamental para hacer frente a los desafíos a la protección social en Colombia —sean ellos históricos u oriundos de la pandemia de COVID-19. Proponemos un nuevo ángulo a las perspectivas tradicionales de construcción de paz, justicia de transición, y estudios de protección social, mostrando que hay ganancias analíticas en una perspectiva interdisciplinaria que va hacia un punto intermedio entre los aspectos minimalistas y maximalistas de los estudios construcción de paz, y que incorpora los mecanismos de justicia de transición los desafíos sociales bajo un plan de desarrollo a largo plazo.