Desde el principio de legalidad y la óptica de la gestión pública con relación a la actuación administración pública mediante los operadores del sistema de justicia, conllevado tener como objeto de estudio analizar el delito de lesiones leves contra las mujeres y el entorno familiar en el Juzgado Mixto de Tacabamba durante la vigencia de la COVID-19 sobre la eficiencia estatal en este tipo de conductas. La metodología utilizada fue positivista, de tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental, muestra de 20 personas, aplicando las técnicas de la encuesta y análisis documental, junto a los instrumentos cuestionario y guía de análisis documental. Los hallazgos permiten sostener que el 52% de la población otorga legitimidad a la regulación dada al artículo 122-B del Código penal, pero el 61% de encuestados considera que no se realiza una adecuada interpretación normativa en sede judicial. Concluyendo que el actuar del Estado para lograr la finalidad de las medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto durante la COVID-19 no han sido eficaces debido, limitando en la verificación y cumplimiento, por falta de personal policial, de recursos económicos y de accesibilidad geografía, en la jurisdicción que desempeñan labores jurisdiccionales, pero que mediante informes y pericias psicológicas han servido de sustento para la probanza del delito de lesiones leves en su variante de violencia psicológica cometidas contra mujeres o integrantes del grupo familiar.

El presente trabajo de investigación trata a una institución polémica del Derecho penal, dada a su recurrente incidencia en su  realización en la sociedad, pero que la punición dada por el legislador no es muy severa por la cantidad de años en sanción y/o por la forma en como se ejecuta la sanción, por tal motivo, la investigación contribuye al conocimiento del ilícito penal más recurrente en adolescentes mujeres en el país, teniendo así como objeto estudiar al aborto en adolescente en la legislación peruana.  Utilizando una metodología de investigación de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de nivel exploratorio, aplicando la técnica de la encuesta, y usando el instrumento del cuestionario. Permitieron tener como principal resultado, que la población en un 60% de encuestados, refieren que están a favor del aborto en situaciones excepcionales, como las son producto de la violación en adolescentes. Concluyendo que, los bienes jurídicos protegidos tienen plena vigencia con el principio de legalidad, pero que los delitos regulados en la norma penal, además de cumplirse ante una transgresión, los mismos son pasibles de modificación, así como la inclusión de causas de justificación, debido a situaciones excepcionales, debido a la agresión sexual sufrida por la víctima.

El objetivo de la investigación es Evaluar el Plan Nacional de acción por la infancia y la adolescencia respecto a la violencia familiar en Chiclayo, en donde se tiene especial atención para calcular la correcta aplicación de una acción gubernamental frente a un problema social cuya tendencia va en aumento como es la violencia familiar en sus distintas manifestaciones, motivo por el cual se aplicó una metodología positivista, de tipo básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal, de nivel descriptivo, con técnicas de análisis documental y encuesta, con instrumento del cuestionario, con población de 27 personas, siendo la misma cantidad muestral, con medición de escala de Likert. Los resultados evidencian el nivel general de la variable evaluación del Plan nacional de acción por la infancia y adolescencia, con un 51.9% muestra como un nivel bajo, con 29.6% de nivel medio, y con 18.5% con nivel alto, mientras que en la variable violencia familiar, se sitúa en un nivel alto con el 59.3%, seguido por el nivel medio del 25.9% y finalmente el nivel bajo estadísticamente representa el 14.8%. Concluyendo que: Se logro evaluar el Plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia respecto de la violencia familiar en Chiclayo, aplicado a través del Minjus, teniendo eficacia positiva y de manera adecuadamente ante hechos violentos en sus distintas manifestaciones, con una atención profesionalizada mediante el Centro de emergencia mujer, servicio de atención urgente, centro de atención institucional, hogares de refugio temporal, línea 100, Demuna y finalmente la denuncia pública.