No abstract

En la República Argentina, el régimen de protección del patrimonio cultural es complejo, pues siendo un Estado federal, cada nivel de gobierno (Nación, provincias y municipios) ha dictado normas jurídicas en el marco del deslinde de competencia establecido en los arts.41 y 75 inc.19 de la CN. Dentro de este marco normativo se han declarado a numerosos bienes de interés religioso como patrimonio cultural. En el presente artículo nos proponemos analizar algunos conflictos derivados de la confluencia de ordenamientos jurídicos (derecho interno argentino y derecho canónico) aplicables en virtud del Concordato de 1966 como así también, los conflictos entre el poder espiritual de la Iglesia Católica y el poder del Estado en torno a ciertos bienes culturales.

A novel out-of-frame duplication following the polyalanine domain in the FOXL2 gene was identified in a Chilean patient with BPES type I. This study characterized the molecular alterations in FOXL2 and confirmed the diagnosis, thereby providing information to allow for improved genetic counseling for the patient and her family.

La autonomía institucional y académica de las universidades nacionales... Marcela S. Molina / pp. 66-89 y Políticos/Ediciones Depalma, pp. 453-474. Tettamanti de Ramella, Adriana (2000), "Autonomía y autarquía", en Varios autores, Estudios de Derecho Administrativo, Tomo IV, Mendoza, Instituto de Estudios de derecho administrativo/Editorial Dike.Tunnerman Berheim, Carlos (2004), "Autonomía en un mundo globalizado", en Varios autores, Autonomía

En el presente trabajo analizamos las peculiaridades del sistema de indicaciones de origen geográfico de los vinos en la República Argentina, pensado por el legislador como un régimen especial de protección de vinos de calidad en el marco de la política vitivinícola dirigida hacia la reconversión hacia vides calificadas como finas. La legislación estuvo encaminada en pos de esos objetivos, dejando amplios vacíos. Estas particularidades inciden en la metodología y estructura normativa, su fuerte sesgo de derecho público, las amplias atribuciones de la autoridad administrativa para su registro y fiscalización.