Las características de la sociedad democrática exigen generalizar el modelo de educación inclusiva, para ofrecer igualdad de oportunidades, equidad y calidad a toda la población dentro de los sistemas institucionales. El respeto a la diferencia es una de las peculiaridades que distingue a la sociedad actual, por lo que resulta imprescindible promover los aportes que cada persona puede realizar al conjunto social. Desde un enfoque ético, sociológico y psicopedagógico se justifica plenamente esta afirmación. Si la sociedad pretende convivir en la diversidad, este hecho debe comenzar en las aulas. El logro de la sociedad inclusiva pasa por una educación que apoye sus principios desde los primeros años de vida. Por otra parte, son numerosas las normas y recomendaciones internacionales que obligan a practicar la educación inclusiva, destacando la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), a la cual se adhirió la Unión Europea como tal e, igualmente, la mayoría de los Estados miembro de la misma. Palabras clave: Educación inclusiva, sociedad democrática, igualdad de oportunidades, equidad, accesibilidad.
Los cambios acelerados en la sociedad actual plantean nuevas exigencias a la educación que derivan, fundamentalmente, de la gran diversidad que caracteriza al alumnado. Las diferencias de capacidad, las situaciones sociales variadas o la pertenencia a distintas culturas, obligan a los sistemas educativos a adoptar medidas que den respuesta adecuada, dentro de unos planteamientos estructurales que ayuden a mantener la calidad educativa y la cohesión social. Entre estas medidas, destaca la autonomía de los centros docentes -que deben adecuar el currículum general y establecer la organización oportuna-, o los apoyos específicos para situaciones excepcionales, más o menos transitorias, como el refuerzo educativo en pequeños grupos o la enseñanza del español como segunda lengua. Se pretende, de este modo, que la igualdad de oportunidades sea un hecho real para el conjunto de la población y que se garantice la calidad educativa para todos mediante la atención a la diversidad y la evaluación formativa, favoreciendo la comunicación y el conocimiento mutuos, que propicien la convivencia social deseable.
La sociedad actual se desenvuelve en contextos democráticos que se basan en la valoración y el respeto a la diferencia, como fuente de enriquecimiento mutuo y de progreso global. En consecuencia, se reconoce la diversidad como característica inherente a las personas, lo cual, trasladado a los centros docentes y a las aulas, exige un modelo de educación inclusiva, capaz de formar a las personas diferentes en unos mismos grupos, pero respondiendo a las singularidades de cada una de ellas. Es la fórmula válida para que se dé el mutuo conocimiento y desaparezcan los prejuicios derivados de la segregación durante las etapas de educación obligatoria. Para implementar las respuestas idóneas en cada centro docente, se requiere de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión en las instituciones educativas, que deben disponer de la posibilidad de tomar decisiones propias para adecuar el sistema establecido a las realidades contextuales y a la población particular que deben atender. El ejercicio de una autonomía comprometida y responsable será la base de una calidad educativa pertinente con los requerimientos actuales de la sociedad. Para ello, la formación de directivos y docentes, el liderazgo inclusivo y la evaluación institucional interna, constituyen elementos básicos que permitirán alcanzar los objetivos previstos para el individuo y para el conjunto de la sociedad.
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