Este artículo busca revisar cómo a través de la responsabilidad extracontractual del Estado pueden determinarse las condiciones de protección para los derechos fundamentales a partir del acuerdo de paz logrado entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular. Se muestra que más allá de la discusión sobre la naturaleza del conflicto armado interno, la institucionalidad ha determinado unas acciones de garantía y protección de las víctimas, en especial, en cabeza de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Allí se fijan puntos de análisis que deben ser observados en el fortalecimiento institucional a partir de las acciones de reparación directa en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Estos elementos deben darse para garantizar con éxito la implementación del posacuerdo.
En la teoría jurídica constitucional hablar sobre derechos no solo supone hablar de condiciones normativas del sistema jurídico, sino que se convierte en una discusión sobre el núcleo del Estado constitucional. El constitucionalismo contemporáneo puede entenderse en la medida en que su construcción no solo responde a un criterio amplio de normas que consagran garantías, sino que se desarrollan a partir de una doble visión, tanto de orden político como jurídico, donde a través de la existencia y operación del Estado se establece cuáles son las contraprestaciones a las que puede acceder todo sujeto. Tales contraprestaciones se presentan en una doble categoría: derechos humanos y derechos fundamentales. Este trabajo, mediante el uso de una metodología cualitativa y análisis descriptivo, se propone señalar los aspectos coincidentes y diferenciales entre una categoría y otra.
El presente artículo tiene el propósito de revisar la construcción del concepto de Estado social y democrático de derecho en Colombia; concepto sobre el que es necesario elaborar un análisis que lo comprenda como categoría jurídica y como categoría política del constitucionalismo, es por ello que se partirá desde la intervención estatal que se produce en pro de las garantías de derechos fundamentales, puesto que este resulta ser un elemento imprescindible dentro de este modelo estatal. De igual mamera, se hará especial énfasis en el caso jurídico colombiano, pues dentro de este, el concepto de Estado social y democrático trajo consigo un fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico frente al funcionamiento de cada una de las ramas del poder público, las cuales consolidan sus funciones al generar protección social como consecuencia efectiva del mandato de la Constitución Política. Así, la rama judicial —en cabeza de la Corte Constitucional como guardián de la carta— crea las condiciones de interpretación que se traducen en la concreción de la norma superior; la rama ejecutiva entiende que debe intervenir para garantizar los derechos fundamentales; y el legislador —manifestación máxima de la democracia constitucional— debe motivar su libertad de configuración normativa en consonancia con la Constitución.
El presente articulo aborda una revisión alrededor de dos conceptos fundamentales para entender las dinámicas del derecho administrativo y el derecho constitucional, en donde se aborda a partir de los alcances del principio de legalidad si este ultimo integrado a un Estado constitucionalidad implica que el mismo sea considerado como un principio de constitucionalidad, frente al cual, una de las consideraciones tiene una determinación que afecta todas las instituciones dogmáticas del derecho administrativo, frente al cual se analiza si ello aplicado a una revisión de la caducidad procesal en los procesos de reparación directa derivados del conflicto armado interno, genera un condicionamiento que implica un proceso de constitucionalización, como consecuencia de esto, es necesario realizar una revisión y presupuestar las consecuencias de lo que ello genera para el ordenamiento jurídico interpretado a la luz de la constitución.
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