El presente trabajo estudia, desde el Análisis Económico del Derecho, la responsabilidad del Estado por construcciones públicas. A la luz de los criterios de eficiencia económica, de Pareto y Kaldor Hicks, el escrito concluye que la indemnización de perjuicios en dichos eventos constituye una mejora paretiana, pues con la construcción se mejoró el bienestar de la comunidad y nadie se perjudicó porque quien inicialmente había sido afectado recibió la respectiva compensación. Adicionalmente, se realizan recomendaciones normativas con el fin de lograr que la compensación se realice de manera administrativa mediante un acuerdo con el afectado, toda vez que es la manera ideal para que se internalicen las externalidades negativas derivadas de la construcción de obras públicas y porque cuando la compensación se hace por la vía judicial se presenta una pérdida de eficiencia económica debido a los gastos en que incurren tanto el Estado como el particular afectado.

<p>Este artículo estudia la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato es liquidado por fuera de las oportunidades legales para su adopción bilateral o unilateral. El estudio inicia con un análisis de las posiciones encontradas al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto al objeto de estudio. Posteriormente, el artículo finaliza señalando que una eventual unificación jurispru- dencial debería acoger la tesis que contabiliza el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto de liquidación. Esto debido a que es una tesis garantista de los derechos de acceso a la administración de justicia e igualdad, y porque la tesis contraria desborda el ámbito de aplicación de la norma.</p>

Este artículo estudia la presunción de daño moral a favor de las víctimas indirectas en la jurisdicción contencioso administrativa. En primer término se analizan las diversas teorías en torno a la prueba del daño moral. Posteriormente se dan las razones por las cuales la prueba del daño moral de algunas víctimas indirectas corresponde a una presunción y no a un indicio. El artículo finaliza explicando las razones por las cuales la estructura de presunción conduce a indemnizar daños inciertos, además de resultar discriminatoria frente a modelos de familia no tradicionales.