El debido proceso como garantía constitucional judicial y administrativa rige en materia tributaria cuando la administración supone que la liquidación privada se realizó con el desconocimiento de los hechos configuradores de un impuesto o indebida aplicación normativa. Esta fiscalización tributaria debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa como garantía a los derechos de los ciudadanos. El propósito de este estudio se centra en complementar los conocimientos contables en materia impositiva con un análisis jurisprudencial del debido proceso que nos permite concluir que se requiere mayor apropiación del conocimiento por parte de los ciudadanos a fin de realizar una correcta defensa de sus intereses en la discusión del tributo. Se realizó un análisis jurisprudencial a la luz de las normas tributarias que ha construido la Corte Constitucional, pero, igualmente, el Consejo de Estado y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El legislador en materia tributaria, por principio de legalidad, tiene la potestad de los tributos, es decir, puede redactar normas que, en oportunidades (no siempre) le permiten al contribuyente desarrollar prácticas elusivas, debido a las falacias técnicas con que han sido redactadas dichas leyes. En ciertas oportunidades también puede el legislador, porque esa es su intensión, redactar normas que permitan hacer prácticas elusivas con el objeto de beneficiar a un cierto grupo de contribuyentes. Es decir, por cualquiera de estas dos razones primordiales, las leyes tributarias permiten, reiteramos, de forma licita, llevar a cabo prácticas elusivas. Por ello, es de suma importancia esbozar la posición que nos pueden ofrecer las Altas Cortes en materia tributaria, pues son la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Ejecutivo los encargados de la elusión y la evasión en la Dian. Estos de seguro podrían afianzar las prácticas elusivas y tener muy claro en qué momentos o circunstancias se podría llegar a la implementación de prácticas evasivas para desistir de estas y no incurrir en sanciones, además de pecuniarias de tipo penal.