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Los sistemas constitucionales contemporáneos suelen, en casos excepcionales, conferir al Poder Ejecutivo facultades legislativas. De acuerdo a la Constitución Argentina, por ejemplo, la delegación debe efectuarse en materias circunscriptas a asuntos de administración o emergencia pública, por cierto tiempo, y mediante una ley que fije las bases de la delegación. Un interrogante natural, en ese marco, es cómo proceder cuando las bases de la ley delegante, aun si circunscriptas a asuntos de administración o emergencia pública y por cierto tiempo, son demasiado genéricas o indeterminadas. La Excma. Corte Suprema ha propuesto, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia norteamericana del intelligble standard, una respuesta a ese interrogante: ha fijado una doctrina acerca de cómo juzgar la constitucionalidad de esos decretos. El ensayo intenta mostrar que la doctrina de la Corte argentina en realidad propone dos reglas diferentes sobre cómo juzgar la constitucionalidad de esos decretos. El inconveniente estriba en que solo una de esas reglas es relevante para resolver el problema de qué hacer con las leyes delegantes demasiado genéricas, y esa regla es inaceptable por varias razones. Se efectúan, finalmente, algunas sugerencias acerca de cómo proponer una regla aceptable.

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