En tanto componente de la «guerra contra el narcotráfico», el tráfico y uso de armas en México desde 2011 se enmarca de manera más decidida en el proyecto hegemónico estadounidense y la relación de dominio y asimetría entre ambos países. Su viabilidad se debe a políticas neoliberales que abogan por la desregulación y la liberalización de productos; ello abre espacios de valorización e implica a diversos agentes en mercados y consumo legales e ilegales. Las proporciones del fenómeno indican la necesidad de alternativas de gran calado que superen el esquema punitivo promovido por los últimos gobiernos mexicanos.

En el marco de las políticas neoliberales, México enfrenta un embate generado por una multiplicidad de violencias sistémicas, así como por la violación de los derechos humanos y la persecución y criminalización de la disidencia nacional. En este escenario, el crimen organizado mexicano, particularmente las principales organizaciones de narcotraficantes, adoptan nuevas formas de organización descentralizada y de corte paramilitar; despliegan nuevos métodos de generación y apropiación de ganancia, lo que conlleva una grave amenaza para los sectores de la población más vulnerables, y configuran una economía criminal basada no sólo en la cadena de valor de la droga, sino en los delitos que atentan contra la vida.

En el ámbito del proyecto neoliberal, y en contraparte al discurso del actual gobierno federal que promueve la entrada de grandes capitales foráneos bajo la promesa del desarrollo nacional, brota actualmente en el país una multiplicidad de violencias de orden estructural, simbólico y criminal que se conjugan para agudizar la descomposición social y propiciar la migración forzada de amplias capas poblacionales. A este escenario Zacatecas se suma como expulsor de mano de obra y como espacio idóneo para la extracción indiscriminada de minerales, al tiempo que el gobierno estatal se mantiene indiferente ante la situación de despojo que se lleva a cabo.