Este artículo propone una aproximación etnográfica a la Dirección de Trabajo del municipio intercultural de San Carlos de Bariloche, atendiendo a los discursos, documentos, registros, actores y políticas que allí tienen lugar y que dan cuenta de la coexistencia de múltiples patrones de relacionamiento entre estado e indígenas. El escrito muestra la complejidad que importan los procesos de relacionamiento exponiendo persistencias, contradicciones, solapamientos y mixturas, tanto en las prácticas de agentes estatales como de los propios sujetos interpelados por ellos en clave indigenista. Metodológicamente el escrito se sustenta en el análisis de materiales empíricos producidos durante la experiencia laboral cómo técnica de la dirección de trabajo de una de nosotras; en el análisis de materiales de archivo, en el análisis de registros de campo y en entrevistas realizadas a actores relevantes en la implementación de la política en estudio.

En este trabajo analizamos el reconocimiento de la diversidad étnica como un dispositivo específico inserto en lo que denominamos “ideología inclusiva”, parte de la construcción de hegemonía del gobierno nacional argentino entre 2003-2015. En un marco de reconocimiento hacia distintas “minorías”, abordaremos la forma particular de construcción de la alteridad indígena del periodo, distinguiendo por un lado la concreción de vínculos y políticas orientadas “hacia adentro” del sector indígena; y por el otro, los discursos, narrativas y figuraciones sobre lo indígena, públicas o “hacia afuera”. A partir de estos elementos observamos la potencialidad, límites y contradicciones de dicho “reconocimiento”.

El Estado argentino ha ido redefiniendo su relación con los Pueblos Originarios a través de diversas acciones de reconocimiento de sus derechos, particularidades y reclamos, elaborando variadas políticas públicas, programas y proyectos a través de instituciones y agencias específicas que presentan esta “renovada” relación como producto de un genuino reconocimiento a la pluriculturalidad y a las identidades étnicas preexistentes al Estado. Contrariamente, observamos que las formas concretas de ejecución de estos evidencian otras lógicas subyacentes, que demuestran la profunda contradicción que existe en la concepción misma de esta relación entre el Estado y los Pueblos. Este artículo analiza cómo las formas que el Estado utiliza para el reconocimiento de la pluralidad étnica pueden transformarse en procesos determinados por la violencia epistémica e institucional. Para ello, nos centramos en los procedimientos de petición, inscripción y formalización que los Pueblos Originarios deben realizar para lograr el reconocimiento de sus Comunidades y Organizaciones. En ese sentido, nos interesa desnaturalizar estos procedimientos a fines de discutir la pretendida inocencia o neutralidad de los formularios y requisitos formales de reconocimiento estatal, para demostrarcómo éstos, en tanto herramientas, así como las instituciones que los operan, responden a una ideología subyacente que lejos de reconocer y respetar plenamente las diversidad y  particularidades de los Pueblos, actúa imponiéndoles criterios, categorías y formas de la identidad que surgen de la propia lógica del Estado.

El artículo analiza el proceso de disputa en torno a la accesibilidad al transporte urbano de pasajeros (TUP) en San Carlos de Bariloche a partir del análisis etnográfico de una audiencia pública de revisión tarifaria llevada adelante en junio de 2021. De este modo, entendiendo a la audiencia pública como dispositivo institucionalizado de participación ciudadana, problematizamos empíricamente sobre sus implicancias y efectos en relación con los alcances y/o límites que esta importa para el corrimiento y/o ampliación de los márgenes –de legibilidad y relacionamiento– entre Estado y sociedad civil. En diálogo con una serie de debates contemporáneos sobre ciudadanía(s) y participación(es), argumentamos que este dispositivo opera como arena de disputa en la que se concretizan las dimensiones extensiva, intensiva y dinámica inherentes al proceso de ciudadanización, no solo en lo que respecta al derecho a la movilidad, sino también en relación con el derecho a disputar derechos públicamente.