El conflicto armado colombiano ha estado franqueado por la lucha por el control de la tierra. Como desarrollo de una serie de medidas que buscaban asegurar los derechos de las víctimas de la confrontación armada, en 2011 se creó la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras, para que las víctimas de despojo y abandono forzado consiguieran el restablecimiento de sus derechos. Este trabajo revisa las primeras 198 sentencias publicadas por esta jurisdicción, en aras de tener una visión global de dichas decisiones, específicamente sobre el tipo de afectación sufrido por los reclamantes, los motivos o medios usados para provocar dicha afectación, las medidas de reparación adoptadas y la incidencia de la figura del opositor en el restablecimiento de los derechos y en el propio proceso de restitución de tierras.
La Convención de Viena de 1980 nació con el objetivo de establecer normas uniformes para regular algunas de las cuestiones más importantes de la compraventa internacional de mercaderías. Sin embargo, esta convención otorga a las partes la posibilidad de excluir su clausulado para regular el caso concreto. Este artículo tiene por objeto establecer si dicha posibilidad de exclusión constituye un factor de incertidumbre en la determinación de la ley aplicable al contrato de compraventa internacional, y por tanto, se puede considerar como un obstáculo a la aplicación de la norma material uniforme.
La determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales en defecto de elección de parte en la Unión Europea estuvo regulada durante más de veinte años por el artículo 4 del Convenio de Roma de 1980. Dicho precepto mezclaba un alto grado de flexibilidad para elegir la ley del contrato —mediante el principio de los vínculos más estrechos—, con un moderado nivel de rigidez presunción basada en la teoría de la prestación característica—. Este precepto generó muchas dificultades interpretativas, lo que produjo gran cantidad de sentencias contradictorias. Con ocasión de la trasformación del Convenio de Roma de 1980 en un Reglamento de la Unión Europea, se aprovechó para incluir importantes modificaciones al artículo 4, lo cual dio atención especial el establecimiento de normas rígidas para determinar de manera inflexible la ley aplicable a ocho de los más importantes contratos internacionales. El presente artículo pretende analizar si los puntos de conexión rígidos para determinar la ley aplicable constituyen una solución que permita alcanzar un alto grado de seguridad jurídica en la Unión Europea.
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