El constante cambio de las dinámicas sociales, propiciado por el desarrollo económico y tecnológico, ha traído consigo la necesidad de disponer de un alto tribunal que conozca de los delitos de carácter internacional, para lo cual se estableció la Corte Penal Internacional, destinada a perseguir y condenar a los máximos responsables de los delitos de su competencia. No obstante, y pese al establecimiento de responsabilidad en calidad cómplice a aquellos empresarios que contribuyen con las conductas punibles, no existe investigación ni condena en tal tribunal, por lo que a partir de un estudio criminológico se evalúa el actuar político criminal realizado por el derecho penal internacional en el establecimiento de responsabilidad a empresarios por crímenes de su competencia, a partir de las categorías dogmáticas establecidas en las directrices internacionales y en la doctrina internacional.

La prisión como mecanismo punitivo ha desdibujado las funciones y fines de la pena, vulnerando los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales; derechos que si bien no son absolutos deben ser respetados, más aún cuando los sujetos privados de la libertad se encuentran bajo el amparo del Estado. En Colombia el hacinamiento carcelario se presenta como uno de los mayores inconvenientes dentro del sistema penal, en tanto muestra la aplicación de una política criminal producto de la criminología mediática y el populismo punitivo, contrariando los principios de un estado social de derecho.

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