Este artículo analiza la participación de las víctimas del conflicto armado como componente trasversal en la política pública de víctimas consignada en la Ley 1448 de 2011, centrando su análisis en el espacio de participación institucionalmente establecido por la Resolución 388 de 2013, Protocolo de Participación; a este espacio se le denominó Mesas de Participación. Para este análisis se eligió como caso de estudio la, entre los años 2013 y 2014. Se recogieron los principales hallazgos de la investigación usando como herramientas la observación participante y la realización de encuestas semiestructuradas, tanto a los líderes de las organizaciones de víctimas como a funcionarios públicos de diferentes entidades estatales garantes de la materialización correcta de este espacio. Entre los hallazgos se evidenció poco impacto de la Mesa de Participación en la construcción de políticas públicas municipales y en el seguimiento a las mismas, debido a factores como el desconocimiento de la norma, la poca asistencia a las reuniones, roces entre los mismos miembros de la mesa, desconfianza hacia los entes gubernamentales, entre otros aspectos que serán evidenciados a lo largo del presente artículo.