Modelos de financiación de la educación superior estatal: El caso de la Universidad de Costa Rica

Abstract

En el presente artículo se analiza el modelo de financiación de la educación superior estatal en Costa Rica. Como resultado, de la difícil situación económica por la que atraviesan la mayoría de países del mundo y de una mayor demanda por educación superior, en los últimos años se han desarrollado diversos modelos para el financiamiento de la educación superior pública estatal. En el caso particular de Costa Rica, en años recientes, el Estado ha apostado por una mayor participación en el financiamiento de la educación en todos sus niveles. Bajo este contexto, el presente artículo pretende analizar el modelo de financiación de la educación superior pública estatal vigente en Costa Rica, en general, y en la Universidad de Costa Rica, en particular. El estudio desarrollado es de carácter descriptivo; para tal efecto, se ha procedido a realizar una búsqueda de datos cuantitativos, cualitativos y normativos que permitan hacer un recuento del desarrollo del modelo de financiamiento vigente y de sus principales características. Con respecto a esta materia, es poco lo que se ha publicado en el país, de manera que el estudio llena un vacío al sistematizar información dispersa para el análisis de un tema de alta relevancia en las políticas públicas costarricenses. En este sentido, la doble reforma del artículo 78 de la Constitución Política en 1997 y 2011, que obliga al Estado a invertir en educación, en primera instancia un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y posteriormente el 8% de ese indicador, ha permitido que el presupuesto de las universidades estatales costarricenses se haya incrementado de manera considerable y sostenida, pues pasa de representar el 0,80% del PIB en 1999 a un 1,42% en 2017.

Autonomía Universitaria en el Ecuador: Perspectivas para su Abordaje en Educación Superior

“…De manera que, resalta la importancia de la inversión estatal en educación, reflejada en el crecimiento presupuestario y sus implicaciones políticas. (Araya, 2017).…”