La caída de ingresos en el ámbito local como consecuencia, en gran medida, de la dependencia que han experimentado las Entidades Locales (EELL) españolas respecto del sector inmobiliario, confluye con un proceso de ajuste fiscal y con una creciente demanda de servicios sociales derivada de las ascendentes tasas de exclusión socioeconómica (menor consumo, cierre de empresas, desempleo). La crisis económica, acompañada de una crisis ética y de valores, remite a la emergencia de la Ética Pública como instrumento para la adopción de las políticas sociales y de refuerzo institucional y democrático. La búsqueda constante de legitimidad y de consenso, no tanto en relación al output de las políticas públicas sociales, sino sobre el propio procedimiento deliberativo y de diálogo en su definición y adopción, ubica a las EELL ante el reto de fortalecer el cuerpo político como premisa para la puesta en marcha y el desarrollo, con éxito, de procesos participativos y deliberativos. El fomento de las condiciones socioeconómicas precisas para garantizar la cohesión social, la libertad y la igualdad de oportunidades, devienen en retos que trascienden en mucho la literalidad y la urgencia de los balances contables y presupuestarios en un proceso de ajuste fiscal. El artículo repasa las principales tendencias y los retos emergentes en relación al papel de la Ética Pública en la adopción de las políticas públicas presupuestarias, de participación ciudadana y de inclusión social impulsadas desde las instituciones de gobierno local. Todo ello, en un contexto de crisis económica, progresivo debilitamiento social, ajuste fiscal del Sector Público local, desconfianza ciudadana respecto de las instituciones y creciente pluralismo axiológico.
