“…en Chile son más amplias que en otros países latinoamericanos, entre las que destaca su potestad legislativa exclusiva (ver pie de página 2); la elaboración de decretos con fuerza de ley; el nombramiento de altos cargos del Ejecutivo como ministros, subsecretarios, asesores directos, autoridades de la Administración subnacional como intendentes y gobernadores; la designación del contralor de la república, con acuerdo del Congreso; el nombramiento de tres miembros del Tribunal Constitucional; la elección y remoción de comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, y la designación de magistrados de la Corte Suprema, previa aprobación del Senado (Olavarría-Gambi, 2015; Fernández y Rivera, 2012). Por ello, el presidente es central en el policy making (Siavelis, 2016;Olavarría-Gambi, 2015). Sin embargo, esa misma prevalencia del presidente chileno en la toma de decisiones entra en conflicto con la política partidista, ya que los asesores de la presidencia tienden a politizarse, dificultando la lealtad de los partidos que conforman la coalición de gobierno, teniendo en cuenta el contexto de prorrateo político 9 (Siavelis, 2016).…”