América Latina, y Argentina en particular, han sido escenarios del uso de la penalidad para promover avances en los derechos de mujeres y colectivo LGBTIQ+ por parte de algunos sectores de sus masivos movimientos. No obstante, las exigencias de los feminismos no se han limitado a abordajes punitivos, sino que se han extendido hasta cuestionar el concepto vigente de justicia como modo de resolución de conflictos, y la institución de la prisión como respuesta homogénea a las violencias. Esta investigación propone observar, desde una mirada feminista y criminológica, los usos del sistema penal para la protección de personas ensituación de violencia de género (VDG), pero también sus límites y la necesidad de establecer otras formas no punitivas y más eficaces de abordaje de los conflictos.