La relación del trabajo social con la Administración de Justicia adquiere una nueva dimensión en el campo de la discapacidad. La Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, reconoce la importancia de esta profesión y la sitúa junto a la profesión médica en cuánto a la información pericial y la intervención a realizar con personas con discapacidad. La cuestión de los apoyos para mejorar la capacidad jurídica es una variable fundamental para que la valoración sociofamiliar sea necesaria. La aportación de este estudio es descriptiva y propositiva, sitúa la ley en relación con la situación social y con la profesión del trabajo social. Posteriormente, detalla las disciplinas o especialidades del trabajo social que pueden participar en estos procedimientos judiciales, con ejemplos de relaciones previas entre la regulación de la discapacidad y el trabajo social. Finalmente, realiza una propuesta de trabajo, un inicio de protocolo de actuación entre disciplinas para buscar la colaboración en forma de mesa redonda que recoge la ley.