Ciudades dispersas, viviendas abandonadas: la política de vivienda y su impacto territorial y social en las ciudades mexicanas

Abstract

La política de vivienda en México, implementada en el año 2002, otorgó un apoyo pleno a la iniciativa privada para participar en la producción de la vivienda social. La primera acción que el gobierno federal realizó fue la institución de la Comisión Nacional para el Fomento a la Vivienda, CONAFOVI (hoy CONAVI), órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, creado por el Presidente de la República en el año 2001. Esta Comisión tiene como responsabilidad diseñar, promover, dirigir y coordinar la política nacional de vivienda. Aún cuando atiende a los diversos niveles, desde vivienda residencial hasta interés social, incide particularmente en esta última, vista ahora como un producto inmobiliario de muy alta rentabilidad, cuyo financiamiento está asegurado por los programas subsidiarios del gobierno, y es promovida, además, por el mismo sector público por considerarse un importante generador de actividad económica e impulsor del desarrollo del sector, creando un círculo virtuoso que inminentemente impacta los aspectos sociales y culturales aún en tiempos de recesión.
 Si bien la producción de vivienda social se vio estimulada en todo el país, fue en la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el eco de este programa tuvo mayor magnitud. En ella se produjo la mayor producción de vivienda económica en cuatro ocasiones consecutivas, de 2004 a 2007, a nivel a nivel nacional. Ciudad Juárez es una de las 52 zonas metropolitanas de México, el principal polo de desarrollo del Estado en donde se asienta el 40.52% de la población de la entidad y la sexta ciudad en el país en cuanto a tamaño de habitantes se refiere. Aproximadamente el 82% de la PEA tiene ingresos iguales o menores a 4 salarios mínimos, lo cual la hace potencialmente beneficiaria de créditos de vivienda económica.
 Este hecho puede tener diversas lecturas, sin embargo, la que ahora merece nuestra atención es el impacto que este fenómeno ha tenido en el suelo de uso habitacional y la participación que han tenido el sector público y el privado en su ocupación durante el periodo 2001 a 2006, así como la presión inmobiliaria que se ha ejercido y derivado en la ampliación del fundo legal del municipio sin estar esto considerado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Juárez.
 Los diferentes porcentajes de participación en la producción de vivienda social del sector público y privado con su proyección en la utilización de suelo, la ubicación de los conjuntos habitacionales desarrollados así como el número de acciones de vivienda realizadas de acuerdo a sus diversos tipos: social, media y residencial, al sumarse constituyen un importante segmento de la panorámica que habrá de llevarnos a conocer el impacto que la política nacional de vivienda ha tenido en la ciudad que ha sido su mejor receptora, y por tanto, su mejor ejemplificación. 
 A siete años de distancia, tenemos una ciudad segregada, desarticulada y con grandes superficies vacías a su interior. El crecimiento disperso y la cuestionable “demanda de vivienda” han producido un paisaje en donde los barrios consolidados lucen abandonados. A la par, un alto porcentaje de viviendas emplazadas en los nuevos fraccionamientos ni siquiera han sido habitadas ante la falta de accesibilidad a equipamiento y servicios urbanos. 
 El aval de las políticas públicas para adquirir una segunda vivienda, aún de interés social, ha hecho que éstas de incorporen al mercado de vivienda en renta pese a que ello se contrapone a su carácter social. En síntesis, tenemos que el apoyo incondicional a la producción de vivienda social sin visualizar sus efectos colaterales, han sido la piedra angular para la expansión irracional de las ciudades mexicanas. Mexico's housing policy, created in the year 2002, gave the private sector whole support to participate in the production of social housing. The first action of the federal government was creating the National Commission for Housing Support, (CONAFOVI, later CONAVI), a decentralized organization of the Secretary of Social Development, SEDESOL, created by the President on 2001. This Commission has the responsibility to design, promote, direct and coordinate the national housing policy, which despite supporting different housing levels, from high income to social housing, now seen this last one as a highly profitable real state product, whose credit is insured by the government's subsidies. The social housing is promoted by the public sector itself since its considered an important source of economic activity even while in times of a recession and to economic development is granted and being a support for the sector development, creating a virtuous circle which imminently impacts on social and cultural aspects.
 Though social housing development was stimulated in the whole country, it was in the northern border, particularly in Ciudad Juarez, Chihuahua, where the echoes of this program had a greater magnitude; so much that it is responsible for the biggest production of economical housing on four consecutive years, from 2004 to 2007, in the whole country. Ciudad Juarez is the main pole of development in the state, where 40.52% of the state's population resides and proximately 82% of the PEA has an income equal or less than four minimal wages, which makes it a potentially beneficiary of economic housing credits.
 This fact can have several different readings, nevertheless the one now deserves our attention is the impact this phenomenon has had in the residential land use and the participation that the public and private sector have had in its occupation during the 2001 to 2006 period, as well as the real state pressure that has been exerted and is responsible for increasing the city limits without taking into account the Municipal Development Plan of Juarez.
 The different percentages of participation in the production of social housing by the public and private sectors with their projection in the land use, the location of developed housing sectors and the number of housing actions that have taken place according to their diverse levels: social, middle and high income, when added constitute an important segment of the panorama that will take us to know the impact that the national housing policy has had in the city, which has been its main receptor, thus, its best example.
 Seven years in time, we have a city that suffers from segregation, disarticulation and with a great amount of inner empty spaces. Disperse growth and the questionable "housing demand" have produced a scenery in which consolidated neighborhoods look abandoned; along side, a high percentage of built homes in the new neighborhoods have not been inhabited because of the lack of equipment and urban services. 
 The ability to acquire a second house, even if it is social level, has caused them to be incorporated to the rental market even though this contradicts their social character. In conclusion, we have found that unconditional support to the production of social housing without foreseeing its collateral effects has been a key factor for the irrational expansion in Mexican cities.