Domestic Violence Abusers: A Descriptive Study of the Characteristics of Defenders in Protection from Abuse Orders in Sedgwick County, Kansas

Vulneración de las órdenes de protección por parte de hombres condenados previamente por violencia de pareja

“…En esta investigación se identificaron tres acciones de acoso -1) intentos de manipulación o de reconciliación, 2) conductas de control, seguimiento o vigilancia y 3) intentos de causar daño psicológico, físico o sexual a la víctima-que se asemejan claramente a las obtenidas por Häkkänen et al (2003) con una muestra de 240 acosadores. Según estas investigadoras, las acciones de acecho tendrían diferentes objetivos:1) expresivo/violencia, que se caracteriza por conductas de violencia dirigida a los niños, intentos de producir daños materiales o agresiones sexuales a la víctima, que tienen su origen en la rabia que tiene el acosador al ser rechazado por la víctima, 2) instrumental/persecución, en donde el agresor intentar vengarse o tomar represalias contra la víctima por algún hecho pasado y que se manifiesta en seguimientos, envío de mensajes y cartas, invasión de lugares privados, insultos, etc.…”

“…Actualmente la comunidad científica sigue preocupada por conocer si las OP son eficaces o útiles para prevenir nuevas agresiones. En este sentido, diferentes trabajos han encontrado una significativa reducción de la violencia y del abuso hacia la víctima después de ser impuesta una OP (Häkkänen, Hagelstam y Santtila, 2003;Kothari et al, 2012;Melton y Nordmeyer, 2014). Asimismo, se ha observado una reducción significativa del abuso y de la violencia una vez transcurridos seis meses de la entrada en vigor de una OP (Logan y Walker, 2010a) y una clara disminución de la probabilidad de sufrir maltrato físico transcurridos dos años del establecimiento de esta medida (Carlson, Harris y Holden, 1999).…”

“…A pesar de esta buena valoración, las medidas judiciales de protección han sido criticadas desde diversos ámbitos de la investigación por diferentes razones (Etter y Birzer, 2007 Mele, 2008): a) bajo índice de cumplimiento por parte de los agresores, b) renuncia de la víctima a la OP y reanudación de la relación con su expareja o c) incapacidad para la detención de la violencia y el abuso posterior, aumentando en muchos casos el riesgo de la víctima de sufrir acoso, amenazas o abusos físicos. En este sentido, es posible que las víctimas que obtienen una OP pueden ser revictimizadas en un periodo de tiempo más corto (en promedio) que aquellas víctimas que no tienen aplicadas medidas de protección (Mele, 2009); asimismo, es frecuente que el riesgo de volver a sufrir violencia aumente a partir de la denuncia debido a que el agresor puede sentirse amenazado y con deseos de venganza, a veces con resultados dramáticos para las mujeres (Echeburúa y Corral, 2009).…”

“…Tampoco es extraño que muchas víctimas sufran acoso después de obtener una OP, sobre todo cuando las mujeres ya lo padecían antes de ser tomada la decisión judicial (Logan y Walker, 2010b). También es habitual que a pesar de la imposición de una medida de alejamiento los agresores sigan acosando a la víctima en forma de llamadas telefónicas, mensajes de texto o conductas de vigilancia (Häkkänen et al, 2003). Por otra parte, las tasas de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento impuestas a varones agresores varían ampliamente de unos trabajos a otros, situándose entre el 8.1% y el 81.3% (Benitez, McNiel y Binder, 2010;Logan y Walker, 2010a) y, según el estudio de revisión de Russell (2012), se incumplen entre el 40% y el 50% de las medidas de las OP.…”

The Influence of Plaintiff Gender on the Judicial Decision to Grant Civil Restraining Orders

“…Reflecting their importance to victims (Buzawa et al, 2011), civil restraining orders have been extensively studied from a variety of viewpoints. Areas of enquiry have included such issues as: male and female modes of framing their victimization (Durfee, 2011); motivations for victim noncompletion of the protective order process (Roberts, Wolfer, & Mele, 2008; Zoellner et al, 2000); rates of violation of protective orders (Kanuha & Ross, 2004; Logan & Walker, 2010); factors associated with order violations (Etter & Birzer, 2007); perceived effectiveness of the orders by petitioners (Logan & Walker, 2009; Logan, Walker, Shannon, & Cole, 2008); and attitudes of law enforcement officers toward civil orders and their enforcement (Rigakos, 1995).…”