“…En el año 2012, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), al culminar un procedimiento de claricación de la propiedad, identicó once predios baldíos dentro del predio de mayor extensión Las Pavas, por lo que anunció su recuperación material para titularlo a favor de los campesinos ocupantes. Sin embargo, desde su último retorno estos fueron objeto de varios ataques, entre ellos la destrucción de sus cultivos y ranchos, muerte de sus animales, bloqueo de acceso, quema de cosechas e incluso intentos de homicidio (Espinosa-Manrique y Cuvi, 2016). De acuerdo con Marín-Burgos y Clancy (2017), las compañías palmeras no tuvieron que ver con el desplazamiento, pero sí exacerbaron y profundizaron los procesos de desposesión al apropiarse de tierras públicas sobre las que tenían derechos los campesinos.…”