El debido proceso y su vulneración en el procedimiento directo previsto en la legislación ecuatoriana

Abstract

En este artículo vamos analizar las violaciones que existen al debido proceso, al aplicar el procedimiento directo determinado en el del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 640, reflexionando para ello sobre las garantías previstas en la Constitución, la Ley, los Tratados y Convenios Internacionales, y el objetivo propuesto en el presente estudio es determinar la vulneración del debido proceso al momento de aplicar el procedimiento directo en nuestra la legislación ecuatoriana, consecuentemente referente al tiempo que al procesado se le concede para poder ejercer su defensa de una manera correcta y contar con la imparcialidad de los administradores de justicia. Pues la metodología aplicada fue de tipo bibliográfico-documental, con alcance descriptivo, ya que se recurrió al criterio de varios autores de libros, revistas científicas, nacionales e internacionales concretamente sobre la vulneración a las garantías del debido proceso al momento de aplicar el procedimiento directo. También se usó el método inductivo-deductivo, al igual se procedió aplicar el método histórico en la revisión de normativas, doctrina y jurisprudencia para desarrollar la investigación científica.

La vulneración del derecho del imputado en el proceso inmediato hacia una modificatoria del regulado proceso garantista penal

“…Velasco, (2021) concluyeque en el proceso inmediato, la aplicación de plazos y la falta de control de la defensa deficiente, contravienen la garantía de defensa procesal, debido que existe una limitación al investigado para realizar una defensa adecuada y en las etapas de este proceso los sujetos procesales no velan por que se esté llevando a cabo una defensa eficaz, siendo así que dejan en un estado de indefensión total al investigado (p. 29). En Costa Rica, Monge (2012) en su trabajo titulado "La Constitucionalidad del Procedimiento Penal de Flagrancia" buscó analizar la existencia o no de roces de constitucionalidad en la aplicación del procedimiento especial de flagrancia, contenido en la Ley 8720 de Costa Rica. Apoyado en un diseño de enfoque cualitativo -exploratorio, con el uso de técnicas de comprensión personal, para describir o generar teorías.…”