El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos: una oportunidad para repensar la planeación del ordenamiento territorial como función administrativa

Abstract

Este artículo presenta, a partir de una revisión documental de los antecedentes, fundamentos teóricos y el proceso de reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, un análisis de las posibilidades que emergen para el derecho administrativo con el surgimiento de esta categoría, la cual, además, de replantear el vínculo entre los seres humanos y el ambiente, se orienta a configurar nuevas relaciones jurídicas entre el Estado y la naturaleza con base en la transformación de su estatus jurídico: del de objeto susceptible de protección, al de sujeto titular de derechos. Se analiza la planeación del ordenamiento territorial como un campo de la función administrativa en el que se hace necesario identificar las implicaciones del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos para las funciones estatales desde perspectivas ecocéntricas y bioculturales, para concluir que, en un contexto de cambio climático, es indispensable reconsiderar las funciones administrativas que se relacionan con la protección ambiental, climática y territorial, comoquiera que la supervivencia de los ecosistemas, del ser humano y de las culturas se convierte en una finalidad de primer orden para la administración pública.

La naturaleza titular de derechos como mecanismo de protección integral

“…De la vasta literatura existente sobre el reconocimiento de personalidad jurídica a la naturaleza, en la revisión de los antecedentes se destacan algunos debates que se han planteado sobre: a) el derecho administrativo y el ordenamiento territorial (Sánchez, 2023;Sarmiento, 2020); b) los paradigmas ambientales que sustentan esta nueva categoría (Richardson y Bustos, 2023;Cóndor y Aguilera, 2011;Tamayo-Álvarez, 2023;Morales, 2022); c) la integralidad de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza (Jiménez y Tous, 2023).…”

“…El reconocimiento de personería a la naturaleza implica que deja de ser únicamente destinataria y se convierte en partícipe de la función administrativa. La gestión ambiental del territorio ya no debe ser ejercida sobre el territorio sino con el territorio, llegando a la concertación sobre los diversos intereses que convergen en él; los cuales son de orden local, nacional e internacional (Sánchez, 2023). Sarmiento (2020) clasifica las sentencias que reconocen personalidad a la naturaleza como sentencias estructurales de segunda generación porque en ellas se abordan problemas sociojurídicos derivados del modelo extractivista que afectan de forma grave a los ecosistemas de los cuales depende el bienestar de las comunidades, por la omisión de las instituciones en su deber de garantizar los derechos afectados.…”