La implantación en mayo del 2020 del Ingreso Mínimo Vital incorporó a las políticas públicas de garantía de ingresos una nueva prestación que vino a convivir con otras de similar naturaleza, objetivos y destinatarios y de amplia trayectoria en las Comunidades Autónomas: las rentas mínimas. Al tiempo que se vio tensionada la arquitectura institucional que sostenía estas rentas, se removieron los engranajes organizativos implicados en su gestión y se vieron afectados los resortes técnicos encargados del diseño e implementación de procesos de inclusión social. El presente artículo expone los resultados de una investigación que, utilizando una metodología cuantitativa y cualitativa, da voz a los profesionales de la intervención social que se han ocupado de acompañar a las personas y a las familias en su itinerario hacia la prestación estatal o en la intersección entre ésta y las rentas autonómicas. Los resultados exploran los avances que, en términos de reconocimiento en la lucha contra la pobreza y la exclusión, ha supuesto el Ingreso Mínimo Vital, pero también algunas de sus limitaciones de diseño y gestión. También se apuntan algunas propuestas que estos profesionales realizan para articular la convivencia entre ambas prestaciones en el marco de los futuros sistemas autonómicos de garantía de rentas.