“…La pandemia COVID-19, por donde aparecía dejaba rastro de muerte y desesperación (de Souza et al, 2023) por ende, es un tema que despierta gran interés y debate jurídico en el mundo, al haber afectado a las sociedades en general y de forma relevante a las personas privadas de la libertad, quienes son consideradas una población vulnerable (González & Silva, 2023) cuyos derechos humanos deben ser protegidos (Bravo et al, 2022). Según las estadísticas, se observó un incremento en la población carcelaria a nivel mundial, con alrededor de 10.003.000 personas privadas de la libertad (Rodriguez et al, 2022), en el Perú hasta el año 2020, la tasa de encarcelamiento fue de 278 por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en un total de 96,870 personas bajo la supervisión del sistema penitenciario.…”