“…estos se suman los mecanismos de acercamiento al ciudadano, ya que el establecer un entorno seguro para las personas fomenta su desarrollo individual (Rupp et al, 2020) y lo aleja de la desigualdad (Wiedlitzka, 2021), enfatizándose la necesidad de reforzar las relaciones sociales (Singh and Zondi, 2020), en las que las fuerzas del orden deben ocupar un lugar y rol específico e importante (González, 2019); (Rukus et al, 2018); (Heinze et al, 2018); (Nussio and Norza Céspedes, 2018) en un eficiente binomio policía ciudadano (Amante et al, 2021); (Makondo et al, 2021); (Akkuş and Arslan, 2021) que reduzca la inseguridad y por ende el temor al delito, mejorando la opinión respecto a las fuerzas de policía (Akkuş and Arslan, 2021) y el nivel de denuncias por las victimas (Mbewu et al, 2021); mecanismo que recibe distintas denominaciones: (Wells and Millings, 2019); (Ceccato, 2019) como "Municipios Seguros" y "Barrios Seguros" en Chile (Hathazy, 2018), "Unidades de Policía Pacificadora" y "Pacto pela Vida" en Brasil (Wolff, 2017), "Foros de Vigilancia Comunitaria" (Makondo et al, 2021) en Sudáfrica, "Contratos de Seguridad Local" en Portugal (Amante et al, 2021) y el "Community Speedwatch" en el Reino Unido (Wells and Millings, 2019). Sin embargo, no se conoce mayores efectos de la vigilancia comunitaria en la percepción de la mejora de la seguridad, circunscribiéndose en ocasiones las labores de policía comunitaria a los servicios para jóvenes en las áreas sub urbanas o rurales (Cantora et al, 2019); no obstante las ventajas que conlleva la implementación de la participación comunitaria para el abordaje de la inseguridad, esta es sensible a la interacción con la policía, así como a la disponibilidad de recursos (Wells and Millings, 2019), recursos que de no existir limitan los resultados en favor de los ciudadanos. Asimismo, hay consenso en algunos autores respecto a la necesidad de medir e investigar con rigor científico y mayor frecuencia (Nussio and Norza Céspedes, 2018), respecto al grado de implementación de la participación de la ciudadanía, su efectividad para contrarrestar el delito como indicativo de la predisposición o calidad del esfuerzo (Cantora et al, 2019); (Dlamini, 2020), para así poder generar los ajustes que se requieran según la realidad de cada país (Glowatski et ...…”