El gobierno presidido por Gabriel Boric se adscribe a una tendencia socialista democrática que se caracteriza por combinar una economía de mercado regulada con políticas sociales sólidas, manteniendo la continuidad de políticas de centroizquierda desde la Concertación en 1990. A pesar del persistente neoliberalismo desde la dictadura, la élite económica chilena conserva su influencia sin fracturas aparentes. Boric, a pesar de su inclinación progresista, ha designado a figuras con conexiones empresariales, indicando la continuidad del enfoque neoliberal. El gobierno ha implementado diversas medidas sociales, como la reducción de la jornada laboral, la creación del Fondo Universal de Salud, la reducción de listas de espera y reformas en pensiones. Además, se ha propuesto una estrategia nacional para el litio, con la renegociación de contratos y la creación de un instituto de investigación. En cuanto a las izquierdas chilenas, se observa una falta de un proyecto alternativo sólido para superar el capitalismo, incluso en países autodenominados socialistas. En el caso de Boric, su gobierno se orienta hacia reformas y ajustes para mitigar desigualdades, en lugar de una superación total del sistema. Se destaca la prevalencia de políticas de identidad, enfocándose en demandas específicas en lugar de una perspectiva universal, generando debates sobre la cohesión del progresismo. En este contexto, la administración Boric se presenta como un liderazgo pragmático, consciente de la necesidad de revitalizar la izquierda política, aunque aún no logra consolidar una alternativa al sistema capitalista.