“…En este sentido, este trabajo se enmarca en una corriente de análisis que tiene en cuenta tanto políticas públicas de corte "revanchista" en términos de clase social (Smith, 1996(Smith, , 2002, como en relación a ciertas interpretaciones jurídicas (Forest, 2004) e, incluso, frente a algunos grupos sociales desfavorecidos (Mitchell, 1997;Mitchell y Staeheli, 2005;Mitchell y Heynen, 2009). Aunque tradicionalmente se ha hecho hincapié en el papel institucional dentro de la perspectiva aquí propuesta, los diferentes estudios desarrollados acerca de la desigualdad socio-espacial en ámbitos urbanos y sus relaciones con la COVID-19 (Esteban y Peña et al, 2021;Recio, Lata y Chetterjee, 2021;Sancho Comís y Olcina, 2021;Ariza de la Cruz, 2022;Rogers y Kearnes, 2023), impelen a desarrollar un estudio acerca de estas relaciones y el impacto que está teniendo la agencia institucional a través de la praxis normativa sobre los derechos y libertades públicas desde el propio momento de la pandemia (Mutua, 2024). Se sugiere así un análisis de las formas en que el espacio público se organiza en torno a criterios de exclusión y control en Madrid durante la gestión pública de la pandemia (Maza y Hierro, 2022;Hierro y Maza, 2023;Jiménez Franco, Aguerri y Forero Cuéllar, 2023), que entrelaza dos procesos: por una parte, cómo el desplazamiento hacia las prácticas territoriales eluden en la narrativa oficial el criterio de clase social en la praxis institucional y, por otro, cómo el propio acceso al espacio público se convierte en un criterio central de distinción social, analizando las prácticas de territorialidad desde las instituciones públicas y la producción del territorio como tecnología política.…”