“…La realidad es que en Chile las políticas de privatización no han dejado de avanzar sobre la base de los principios neoliberales (Normand, 2011;Verger, 2016) y sobre la base de un pacto o consenso político que atraviesa todo el espectro de la clase política dominante (Retamal Salazar, 2013;Alarcon-Leiva et al, 2014;Ruiz-Schneider, 2018;Falabella, 2021;Zurita, 2021); sin embargo este modelo de avance de políticas públicas neoliberales en educación ha sido puesto en jaque, a veces dramáticamente por las sucesivas movilizaciones sociales (Cornejo, 2010;Garcés, 2012), habida cuenta de las profundas desigualdades que sufre este país a causa de la injusticia económica, cultural, social, ecológica (Garcia & Flores, 2021), territorial, étnica (Paricán, 2014;Tijoux, 2016), de género (Kirkwood, 2010;LasTesis, 2021aLasTesis, , 2021b, de clase (Cornejo, 2018;Angelcos, et al, 2021) y, precisamente, a causa de las radicales desigualdades educativas (Zimmerman, 2019) que vive cotidianamente y que después de décadas de iniciativas reformistas intra-neoliberales, resultan en consecuencia insoportables (Retamal Salazar, 2012).…”