Chile ha logrado entregar agua potable de manera amplia y segura en contextos rurales a través de un esquema de coproducción. Esta forma de operación ha funcionado por más de 60 años y entrega agua a más del 10% de la población. Sin embargo, la literatura reporta heterogeneidad en los resultados de cada territorio. En este contexto, se está implementando una nueva legislación que institucionaliza esta forma de provisión generando nuevas demandas en el Estado. Ante esto, el artículo analiza si la ley avanza en tres aspectos de la gestión integrada del agua potable rural. A partir de un análisis de contenido de la nueva ley y su reglamentación, se concluye que existen avances en participación, articulación intersectorial y descentralización, pero se proyectan posibles conflictos al interior de la administración del Estado y en la vinculación de éste con las organizaciones. Se concluye que es importante para la política pública de agua potable rural mayor coordinación con otros sectores y también mayor atención a las tendencias actuales en administración pública respecto de la gestión estatal que abogan por una mayor articulación, descentralización y participación.